Los vecinos de Costa Pobre volvieron a ocupar un lugar central en la agenda pública de Ramallo, al presentarse en la última sesión del Concejo Deliberante para respaldar el proyecto del bloque Juntos-UCR que busca declarar al paraje patrimonio histórico y natural. La iniciativa apunta a proteger la zona ribereña frente al polémico proyecto portuario impulsado por la empresa Oramac. El veterinario Fernando Huarte, integrante de la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, explicó que la propuesta tiene como objetivo preservar un área de alto valor ambiental y cultural, donde residen familias desde hace más de cinco décadas. “El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, homologado por la Provincia en 2024, prohíbe cualquier tipo de obra o limpieza en la zona, definida como área de protección ambiental”, destacó Huarte. Huarte cuestionó además las declaraciones del empresario Carlos Bauzá, quien anunció el inicio de obras para enero, y remarcó que “el actual código impide ese tipo de desarrollos sin una modificación previa”. También criticó la postura del intendente Mauro Poletti, considerando que “el Ejecutivo apadrina el proyecto”. Los vecinos señalaron los posibles riesgos ambientales que implicaría el puerto multipropósito, que incluiría movimiento de cargas a granel, fertilizantes y una termoeléctrica, con impactos directos sobre el río Paraná y la salud pública. Finalmente, pidieron la apertura de una instancia de diálogo que evite la judicialización del conflicto: “Queremos preservar nuestro entorno y que el desarrollo sea sustentable, con consenso y respeto por la comunidad”, concluyó Huarte. El Concejo Deliberante analiza actualmente el pedido de informes y la declaración de área protegida, una decisión que podría definir el futuro del proyecto y del emblemático paisaje de Costa Pobre. Redacción de Diario NORTE HOY La opinión de la comunidad sugiere que la protección del patrimonio natural y cultural no solo representa un valor ambiental, sino también un compromiso con la identidad histórica del paraje. La resolución del Concejo podría marcar un precedente en la defensa de espacios ribereños frente a desarrollos privados.
